El uso de teléfonos celulares en las escuelas se convirtió en uno de los temas más discutidos de la agenda educativa. En Argentina, el debate cobra una dimensión particular: el 59% de los estudiantes de 3° grado de primaria ya cuenta con un celular propio y otro 23% utiliza el dispositivo de algún integrante de su familia. En otras palabras, apenas el 18% de los niños de alrededor de ocho años no tiene acceso a un teléfono móvil. Los datos surgen del informe "Celulares: ¿prohibir o no prohibir?", elaborado por Andrea Goldin (CONICET y Universidad Torcuato Di Tella), Martín Nistal y Tomás Besada (Argentinos por la Educación), a partir de información del operativo Aprender 2024.

Cada vez más chicos tienen un celular propio

El estudio combina el relevamiento realizado en Aprender 2024 con una revisión de investigaciones internacionales y un análisis de las regulaciones vigentes sobre el uso de celulares en las escuelas. El propósito es aportar evidencia para un debate que atraviesa a los sistemas educativos de distintos países. 

La expansión del acceso comienza desde edades tempranas, aunque con diferencias entre provincias. En Santa Cruz, Catamarca y Tierra del Fuego más del 65% de los estudiantes de 3° grado tiene celular propio, mientras que en Misiones y Formosa la proporción ronda el 40%. También se observan diferencias según el nivel socioeconómico: el informe indica que el 63% de los estudiantes del quintil de mayores ingresos tiene un celular propio, frente al 52% del quintil de menores ingresos. En el nivel secundario, la tenencia asciende al 90% de los estudiantes, según los datos de Aprender 2023. 



Menos distracciones, pero resultados académicos dispares

La creciente presencia de celulares en las aulas impulsó la implementación de restricciones en numerosos sistemas educativos. Sin embargo, el informe señala que la evidencia internacional no ofrece una respuesta única sobre su impacto en los aprendizajes. Algunos estudios muestran mejoras en el rendimiento académico, especialmente entre estudiantes de menor desempeño o contextos más vulnerables, mientras que otros no encuentran diferencias significativas. Cuando existen avances, suelen ser moderados. En cambio, la mayoría de las investigaciones coincide en que las restricciones sí logran reducir el uso de los dispositivos y las distracciones durante las clases. Aun así, esa disminución del tiempo frente al celular no necesariamente se traduce en mejores resultados de aprendizaje.

Los estudios también presentan conclusiones diversas sobre otros aspectos de la vida escolar. Mientras algunas investigaciones registran una reducción de situaciones de bullying, otras no encuentran cambios significativos en la convivencia o el clima escolar.

Un mapa regulatorio con distintos modelos

La regulación del uso de celulares ocupa un lugar cada vez más importante en la agenda educativa internacional. Según datos citados de UNESCO, la proporción de países que implementaron algún tipo de restricción formal pasó de menos de una cuarta parte en 2023 a cerca del 60% en 2026. Las estrategias, sin embargo, difieren. Algunos países, como Francia, Países Bajos y Chile, adoptaron restricciones generales al uso de celulares en las escuelas. Otros, como Brasil, Finlandia y Dinamarca, permiten su utilización únicamente con fines pedagógicos y bajo supervisión docente. También existen modelos descentralizados, como el del Reino Unido, donde cada escuela define sus propias normas. En la mayoría de los casos, las restricciones son más estrictas en los niveles inicial y primario.

 

Argentina avanza sin una norma nacional

En Argentina no existe una regulación nacional unificada sobre el uso de celulares en las escuelas. El informe identifica que al menos 11 jurisdicciones —el 45% del total— cuentan con leyes, resoluciones o protocolos que regulan su utilización, mientras que el 55% restante aún no dispone de marcos regulatorios específicos.

Las regulaciones también difieren entre provincias. La Ciudad de Buenos Aires y Formosa establecen restricciones al uso de celulares en los niveles inicial y primario, aunque contemplan excepciones para actividades pedagógicas. La provincia de Buenos Aires adopta un criterio similar: limita el uso de pantallas en el nivel primario, pero permite su utilización con fines educativos cuando existe autorización docente. Santa Fe, en cambio, aplica una regulación más estricta, ya que prohíbe el uso de teléfonos celulares y dispositivos similares durante el horario de clases para estudiantes, docentes y personal no docente, aunque habilita excepciones en el nivel secundario cuando el dispositivo forma parte de una actividad pedagógica planificada y autorizada. Mendoza también restringe su uso al ámbito pedagógico y bajo supervisión docente, mientras que Salta y Tucumán otorgan mayor autonomía a las instituciones para definir las condiciones de utilización.

Un debate que sigue abierto

El informe concluye que la discusión sobre los celulares en las escuelas no puede reducirse a la dicotomía entre prohibir o permitir su uso. La evidencia disponible muestra que las restricciones disminuyen las distracciones en el aula, pero todavía no existe consenso acerca de su impacto sobre los aprendizajes. En un contexto donde el acceso a estos dispositivos continúa creciendo desde edades cada vez más tempranas, el desafío para los sistemas educativos pasa por definir regulaciones que contribuyan a favorecer la enseñanza, la atención y el bienestar de los estudiantes.